La Cámara de Diputados ha aprobado, en lo general, una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos mayores de 68 a 65 años, y que eleva a rango constitucional diversos programas sociales implementados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma no solo permite que más personas accedan a pensiones, sino que también incluye la protección constitucional de programas como la pensión para personas con discapacidad permanente y el programa Sembrando Vida, que beneficia a productores, pescadores y campesinos.
Con esta modificación, el Estado mexicano se compromete a destinar cada año los recursos presupuestarios necesarios para garantizar la transferencia de recursos directos a la población, en cumplimiento con el principio de progresividad.